La Procuraduría General de la Nación comienza este jueves el juicio disciplinario al suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por presuntas irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes.

Leyva deberá acudir al Ministerio Público a las 10 a.m.

El juicio disciplinario se da en medio de las tensiones que produjo la suspensión del alto funcionario en el alto gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El procurador de la Sala Disciplinaria de Instrucción a cargo del caso deberá leerle el pliego de cargos, en medio de las molestias del Jefe de Estado quien aseguró que con esta decisión no los están dejando gobernar.

El alto funcionario deberá responder, entre otros interrogantes, sobre las decisiones que adoptó, los nombramientos que emitió, y la reunión que sostuvo con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional de EE.UU., Jon Finer, pese a que estaba suspendido del cargo. Ello, con el fin de verificar si incurrió en una falta disciplinaria.

En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.

La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas, y suspendió su contrato, al que le quedaban todavía tres años.

Tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, la empresa anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 27,7 millones de euros, al cambio de hoy).

Por haber podido incurrir en dos faltas disciplinarias, al extralimitarse en sus funciones al declarar desierto el proceso y luego decretar la urgencia manifiesta aparentemente sin necesidad, Cabello anunció en enero la suspensión del Canciller por tres meses.